Cd. Cuauhtémoc, Chih.- El diputado Gustavo Alfaro Ontiveros, sostuvo reuniones con el alcalde de Cuauhtémoc, Humberto Pérez Holguín; la síndico Boni Ordóñez; el secretario del Ayuntamiento, Rafael Cavazos; y regidores; como parte de los trabajos previos para la creación de la Ley de Participación Ciudadana, que está a cargo del Congreso del Estado de Chihuahua.
Se prevé que el próximo 26 de mayo se lleve a cabo en Cuauhtémoc un foro con la participación de la ciudadanía, la iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil y diversos sectores que quieran sumarse a aportar ideas para esta Ley, cuyo objetivo es que los ciudadanos participe en las decisiones del Gobierno del Estado.
En rueda de prensa con los medios de comunicación, Alfaro Ontiveros comentó que el 24 de marzo se realizó un foro en Ciudad Juárez, y el propósito es llevarlo a cabo en un total de ocho municipios claves, siendo el resto Cuauhtémoc, Delicias, Hidalgo del Parral, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Chihuahua capital.
La creación de esta Ley, dijo el Diputado, se da en el marco de un Gobierno Estatal abierto, por lo que se busca legislar los mecanismos de apertura para que pueda hacerse escuchar la población que no tiene voz ni voto dentro del Congreso o un Municipio.
El secretario del Ayuntamiento, Rafael Cavazos, recordó la importante participación ciudadana que ya existe en Cuauhtémoc, así como la realización de foros durante la pasada campaña electoral, donde se tomaron en cuenta proyectos propuestos por ciudadanos, que actualmente el Gobierno Municipal trabaja para hacer realidad.
Así mismo, la síndico Boni Ordóñez, resaltó que la Sindicatura Municipal cuenta con el área de Contraloría Social, e incluso una aplicación móvil, donde se genera participación ciudadana y se exponen las necesidades de cada parte de la ciudad.
Al escuchar sobre estas acciones, Alfaro Ontiveros expuso que le gustaría llevarse un buen borrador de Cuauhtémoc que aporte a la integración de la Ley de Participación Ciudadana, que por cierto iría de la mano con la nueva Ley Anticorrupción, cuyo propósito es que la ciudadanía también pueda tener injerencia en cuestiones de corrupción.